EL PARTICIPACIONISMO O LA MODA DE LO PARTICIPATIVO

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En los últimos años parece consolidarse la idea que una democracia representativa con elecciones cada cuatro años debe contar con abundantes espacios de participación,  debe impulsar tanto como sea posibles escenarios de deliberación, de confrontación de opiones entre colectivos e individuos que permitan llegar a acuerdos y pueda considerarse así una auténtica democracia en su sentido literal de poder y del pueblo (del griego Kratos, poder y  Demos, pueblo). Si bien la teoria parece llena de sentido común su aplicación práctica en la realidad política dista mucho de ella. Y es que el miedo a no ser considerado suficientemente democrático ha promovido una burbuja participativa hasta convertir la participación más que un instrumento en un fin en si mismo: «¿Qué haremos respecto a un sector concreto o ante una problemática social concreta? Bueno, ya veremos, pero lo que está claro es que lo haremos participativamente. Seran los ciudadanos y las ciudadanas los que decidan las prioridades y el rumbo a seguir». Da igual que no se den respuestas concretas a una pregunta concreta, que no se señale un camino a seguir para una determinada política o para la gestión pública de un determinado sector siempre y cuando sea participativo. La participación se ha convertirdo así en un fin en sí mismo y finalmente en un instrumento legitimitador para la inacción, un escudo protector para eludir las propias responsabilidades y invisibilizar a los que opinan en forma y en contenido de manera opuesta.

Y es que lamentablemente en la práctica, las instituciones -las antiguas, las viejas, las nuevas y las futuras- tienden formalizar los contenidos y procedimientos que rigen los espacios participativos, eligiendo incluso en muchos casos a los interlocutores y reduciendo la participación a la generación de consensos pasivos, tratando de ofrecer temas de menor calado o incluso directamente insignificantes. Asi las instituciones pretenden obtener un resultado que legitime su posición previamente tomada -por un pequeño grupúsculo obviamente. Para ello se recurre a discursos generalistas, vacíos, elaborados desde un gabinete de comunicación o desde un grupo reducido afín. Fácilmente se suele conectar con los propios, con los que piensen de manera parecida pero generando al mismo tiempo rechazo entre aquellos que piensan distinto. La paradoja participativa se da cuando en un proceso participativo que debería ser una forma de negociar, de llegar a soluciones especialmente con las partes discrepantes de una determinada política pública, se tiende a evitarlas, a marginarlas encuadrando por ejemplo los límites del debate. El marco participativo se enfoca así a una simple legitimación. El discurso vacío aunque formalmente correcto (por ejemplo “primero las personas” o «los vecinos y las vecinas decidiran») se acompaña de iniciativas endebles («buzón de sugerencias», ”café con el alcalde”) que pueden servir para cuestionar ciertos comportamientos directivos pero no abordan el fondo de la cuestión: llegar o no a acuerdos con todas las personas y organizaciones que forman parte de un conflicto -distintas maneras de ver y enfocar las cosas respecto a un sector o respecto a una política pública determinada. Mediante procesos y mecanismos orientados a evitar el conflicto y a invisibilizar mediante la participación a quien piensa distinto, el resultado del proceso participativo termina por no influir en la política pública sometida a participación -excepto que lo sea para aplaudir, respaldar y legitimar lo previamente decidido- de modo que la auténtica participación deja de tener razón de ser, pierde su sentido original. Los modelos superficiales de participación se están imponiendo a toda velocidad: se dota el proceso de una imagen corporativa llena de gente, se lanzan preguntas, sesiones, talleres, tarjetas de colores, incluso una web, todo lo que sirva para enmascar el conflicto real y eludir el enfrentamiento dialéctico con el que opina diametralmente diferente. De este modo todo el mundo suele saber como empiezan los procesos partipativos pero nunca como acaban, qué incidencia han tenido realmente en la política pública; suelen crearse grandes expectativas que luego no se cumplen causa en parte de una dedicación decreciente por parte de la organización -especialmente en la medida que participen no legimitadores.

Aunque muchos lo piensen la gente no es idiota y fácilmente se percibe cuando se tiene en cuenta sus aspiraciones e intereses, cuando se plantea un escenario de solución de conflictos y cuando se les utiliza para decorar una política supuestamente orientada a los ciudadanos y ciudadanas. En realidad lo mejor sería dejarlos en paz si no se pretende hacer un proceso serio, orientado honestamente a la gestión y resolución de un conflicto concreto. En el caso de no plantearse un conflicto no merece la pena empezar un proceso participativo. Al fin y al cabo los reprensentantes políticos estan ahí para decidir. Cuando los ciudadanos y ciudadanas  votan y eligen a sus representantes políticos lo hacen justamente por eso, para que los re-presenten. El representante tiene que actuar tratando de responder a los interereses de sus elegidos. De modo que el problema de la mala representación no se soluciona con participacionismo sino con una buena representación. Para ello antes que destinar recursos humanos y económicos a un proceso participativo quizás pueda ser más útil saber quien es quien en una administración pública -con nombres y apellidos-, que objetivos tiene, que resultados concretos y medibles espera obtener con sus políticas; explicitar responsabilidades directas, presupuestos claros e inteligibles, y superar la tendencia a crear dinámicas organizativas difusas que tienen en lo participativo y colaborativo una forma fácil de mandar sin que lo parezca, exigir sin la posibilidad de ser exigido. Igualmente fundamental deber ser tener buenas y claras descripciones de los sistemas institucionales, de sus obligaciones y competencias, de sus gastos y sus ingresos así como de sus mecanismos y procedimientos de relación con la ciudadanía, sus organizaciones y sus formas de acción colectiva.

Impulsar la participación en una democracia representativa debería implicar la creación continua de condiciones para que los ciudadanos sientan que forman parte de una comunidad, de una ciudad, de sus políticas. Por ello si se quiere fomentar una participación ciudadana honesta, los ciudadanos deben formar parte del proceso de generación, de concreción y de implementación de las políticas públicas. Una gestión pública democrática debe estrechar lazos con los que ya estan de acuerdo y muy especialmente con los que no lo estan. Debe implicar por parte de quien lo organiza un disponibilidad para cambiar la propia perspectiva sin que ello implique un proceso automático de sustitución de lo nuevo por lo viejo. Las nuevas ideas deben friccionar con las viejas de modo que se produzca una fusión en un proceso que no implica la misma velocidad y profundidad para el conjunto de las personas de la organización; explicitar el conflicto y prestarle más atención que al no-conflicto. En una mesa de participación debería haber por lo tanto en primera fila los oponentes a la postura oficial – y no las conocidas clacas- porque la relación política democrática se basa en la gestión pacífica del conflicto, en la relación dialéctica entre actores con posturas diametralmente opuestas. Cuando llegue ese día nuestras democracias serán suficientemente maduras para gestionar procesos realmente participativos y podran dejar de lado de una vez por todas el participacionismo, el simple proceso de dar la razón a quien te pregunta.

 


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