LA GENTRIFICACIÓN VERDE YA NO SERÁ CULPA DE LOS PISOS TURÍSTICOS

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Es fácil imaginar que los hoteleros no quieran que se instaure una cultura económica basada en millares de propietarios que alquilen sus casas, sus habitaciones o sus segundas residencias a ciudadanos que vienen por unos días a nuestra ciudad: por un lado la proliferación de estos comportamientos podría afectar -aunque sea en un pequeño porcentaje- a sus multimillonarios beneficios y por el otro tampoco les debe parecer correcto abrir un mercado monopolizado a esos millares de nuevos micro-operadores (los ciudadanos-propietarios). Además -deben pensar- tarde o temprano es probable que dichos ciudadanos-propietarios exijan encima tener mayor capacidad de decisión en la gestión política del turismo, vaya, democratizar la gestión del turismo. La democracia ateniense ya empezó así, con el empoderamiento de una clase media de propietarios que exigían romper la oligarquía nobiliar. La postura hotelera es pues, pese a todo, en cierto modo coherente.

Quizás sea menos comprensible que desde posiciones republicanas –que en principio persiguen el empoderamiento personal, político y económico de los habitantes de un territorio para que puedan ejercer como ciudadanos- se bloquee, criminalice y desprecie la posibilidad de alquilar tu propia casa, tu segunda casa o tu segunda residencia. De acuerdo con el republicanismo ciudadano de lo que se trata es de distribuir cuanto más mejor, no sólo la riqueza –vía redistribución fiscal, renta básica, etc- sinó la capacidad para crearla. Se entiende que la propiedad (entendida como de algo propio, como el trabajo, una renta ciudadana, un piso, una habitación o una habilidad…) es un medio para liberarse de la dependencia económica y permitir desarrollarnos en todas nuestras facetas como personas libres. Sin embargo parece que la moda intelectual ahora es coincidir con el posicionamiento hotelero, aunque a veces sea con otros argumentos. Por ejemplo una rutina habitual es argumentar que los pisos turísticos afectan al mercado del alquiler de la vivienda, generan la maldita gentrificación donde los residentes habituales son «expulsados» por nuevos residentes con un poder adquisitivo mayor. Así lo que hay que hacer es cerrar cuanto antes y como sea la posibilidad que  más ciudadanos alquilen a otros ciudadanos -un turista no es más que otro ciudadano- que quieren residir un día, dos o tres-cientos treinta y tres en una ciudad determinada.

Sin embargo es una obviedad que todos -o casi todos- aceptamos que un piso en París ubicado por ejemplo en Saint Germain-des-Prés no cuesta lo mismo que uno localizado en Barbès o que uno situado delante de Regent’s Park tampoco vale lo mismo que otro que encontremos en el corazón de Hackney. Otra obviedad: vivimos en una economía de mercado donde todos elegimos nuestra residencia en función de nuestra capacidad adquisitiva y a partir de ahí, de nuestras preferencias, de acuerdo a nuestra propia situación personal, profesional, etc… Lo mismo pasa cuando viajamos: elegimos un destino en función de nuestra capacidad económica. Si encima podemos intercambiar nuestra propiedad mejor puesto que el gasto será cercano a 0 Euros (también es obvio que aunque no haya transacción monetaria el intercambio de casas es producto de una decisión económica del mismo modo que el comercio antiguo se basaba en el trueque y nadie tendría la ocurrencia de considerarlo como una actividad no económica).

Lógicamente en una economía de mercado el aumento de la demanda afecta a los precios y la demanda aumenta en función de la atractividad del piso y muy especialmente de su entorno: los servicios, el patrimonio histórico, las plazas y las zonas verdes. Por ello también podríamos considerar como un gran elemento gentrificador la creación de grandes espacios verdes (supermanzanas, parques, etc…). De hecho incluso se podría afirmar que las ciudades que crean o restauran bienes o infraestructuras verdes contribuyen a medio y largo plazo a la exclusión de colectivos sociales más vulnerables. De nuevo nos encontramos frente a otra obviedad: el perfil socioeconómico de los vecinos variará a medio y largo plazo significativamente cuando una zona de residencia experimente un proceso de “reverdecimiento” con la creación de parques, áreas verdes o corredores ecológicos. Así la gentrificación verde comportará que la población original de un barrio de clase media-baja o baja sea desplazada por nuevos habitantes con mayor poder adquisitivo que llegarán a la zona atraídos por la proximidad de nuevos parques y zonas verdes y por la oferta concurrente de viviendas más atractivas. En consecuencia el precio del alquiler y de venta de las viviendas experimentará un incremento considerable, algunos de los propios vecinos venderán sus casas, los colectivos más vulnerables no podran renovar los alquileres y tendran que cambiar de barrio. La mejora ambiental del entorno provocará una inevitable revalorización de las viviendas que en el lenguaje de moda actual terminará por “expulsar” a las clases más vulnerables para dejar paso a ciudadanos con rentas más altas.

Se podrá invertir en vivienda pública, evitar macroproyectos de especulación inmobiliaria e incluso seguir criminalizando los pisos turísticos tachándolos de ilegales (cuando en realidad no se les quiere ni se les permite legalizar) pero los precios de los alquileres seguiran subiendo. Sin embargo entonces ya no será culpa de los turistas ni de los pisos turísticos. Quizás por ello no tardará en aparecer alguien dispuesto a culpabilizar a la gentrificación verde y acusar a los ayuntamientos que expandan la verdificación de la ciudad de estar colaborando con el sistema capitalitalista-especulativo. Quizás tampoco tarde en aparecer quién proclame que las ciudades más verdes son a su vez las más desigualitarias e injustas o incluso llegue el día que alguien proponga como brillante solución replicar la política contra los pisos turísticos: «cerremos todos los parques verdes de la ciudad y dejemos de atraer al maldito capital».


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