•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   

El concepto de ciudadanía social1 suele criticarse con cierta asiduidad por su tendencia a sugerir una ciudadanía pasiva, satisfecha con la simple idea del “derecho a tener derechos”. Dicha concepción aparentemente ambiciosa se opone a la de una ciudadanía activa, con vocación de asumir responsabilidades respecto a lo qué debe hacerse y al cómo debe hacerse respecto a los retos políticos, sociales y económicos urbanos.

En realidad en la actualidad ya existe un amplio espectro político que coincide en la necesidad de, más allá de garantizar derechos, profundizar en una democracia de las responsabilidades2, donde los ciudadanos deben poder expresar directamente respuestas concretas. La emergencia de una necesaria democracia directa que complemente la democracia representativa ha comportado a menudo incluso una cierta banalización de la participación cuando no caer directamente en un participacionismo estético y vacío de contenido.

Para evitar la generación de expectativas que difícilmente pueden cumplirse, el fomento de la participación de los ciudadanos probablemente debería partir de la idea que nuestras democracias no son ni estrictamente representativas ni participativas, sino algo parecido a una poliarquía3. De ser así, toda vocación de implicar a los ciudadanos debería pretender -modestamente- multiplicar los centros de poder en la medida de la posible con el objetivo de evitar -o al menos contrarrestar- cualquier proceso de monopolización del poder político. Dicha multiplicación de los centros de poder supone en la práctica ampliar y extender la capacidad de tomar decisiones a cuantas más personas mejor.

Pero ¿Es posible tomar decisiones, participar en ellas o simplemente mostrar algún interés acerca de lo público cuando no se disponen de los recursos económicos básicos o suficientes para vivir o para vivir bien?4 La respuesta lógica es no. De acuerdo al planteamiento del republicanismo democrático, por lo tanto, parece razonable aceptar que la independencia material es una condición innegociable para la independencia política. Así fácilmente podemos llegar a la conclusión que cuanto mayor sea la participación económica de los ciudadanos en la economía de la ciudad, mayor será la cantidad y calidad de su participación política.

En realidad ya en la antigua Grecia se consideraba que los ciudadanos tenían el derecho a participar en la vida política cuando eran individuos libres, en el sentido literal que no dependían de otra persona para vivir. Esta definición es la que excluyó durante siglos tanto a esclavos, como a cualquier persona que estuviese sometida a cierto grado de servidumbre: niños, mujeres, extranjeros que no gozaban de la ciudadanía o incluso los asalariados que el propio Aristóteles asociaba a esclavitud5.

Desde la democracia griega de los ciudadanos libres (propietarios en el sentido de no depender de un tercero) el desarrollo y profundización de la democracia no ha consistido en otra cosa que -mediante sucesivas oleadas y convulsos vaivenes- tratar de ampliar ese estrecho círculo de personas que sí podían participar en las decisiones políticas.

Para leer más clicka aquí.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
Artículo AnteriorEL NACIONALISMO ESPAÑOL EQUIDISTANTE
Siguiente ArtículoLA VIVIENDA (TAMBIEN) ES UNA MERCANCÍA
Roger Sunyer es politólogo (UAB) y Máster en Dirección Pública (ESADE). Impulsó la introducción de la Banca Ética en Catalunya con la fundación de FETS - Finançament Ètic i Solidari. Es consultor de economía social, cooperativa, colaborativa y gestión pública, profesor de la "Nueva economía urbana" a los programas de Ciudad y Urbanismo de la UOC, autor de ensayos: Hacia una economía ciudadana y El Turismo ciudadano y sus enemigos. Y libros de ficción (catalán): El dilema existencial de Gerard Maler y Contes breus, brevíssim d'escletxes i atzucacs. Fundador y principal editor de Alambins-Digital Literari | Twitter: @rogersunyer