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Plataformas digitales

De todos es sabido que las plataformas digitales han emergido con fuerza en los últimos años.

Es fácilmente entendible que tan rápida irrupción haya provocado todo tipo de resistencias y reacciones. Especialmente la de aquellos operadores que gozan de posiciones monopolísticas, ya sea en el el ámbito del transporte colectivo, de la restauración o del alojamiento.

Tampoco hay nada de nuevo y extraño en la evolución de nuestras sociedades respecto a las reacciones anti-plataformas digitales centradas en denunciar todo lo negativo (precarización laboral, desregulación, mercantilización, individualización de la fuerza del trabajo, fragmentación del sentido colectivo, homogeneización cultural, nuevas posiciones dominantes y un largo etcétera de agravios) obviando por descontado cualquier pequeño indicio de mejora que su irrupción haya podido representar.

Más allá de un utopismo tecnológico naif e ingenuo, donde la tecnología digital se supone que provee todo cuanto necesitamos y nos adentra en una nueva era post-capitalista basada en la confianza, el apoyo mutuo, la colaboración altruista y el amor entre todos los seres humanos -una suerte de hippismo 3.0-, parece incuestionable negar que las plataformas digitales han multiplicado las posibilidades para generar ingresos económicos ya sea como ingresos principales o complementarios.

A nivel individual por ejemplo han facilitado que miles de ciudadanos puedan generar actividad económica de forma autónoma a través de sus propiedades tangibles (sea una habitación, un piso o un coche) o sus habilidades intangibles (artesanía, conocimiento, etc) optimizando o bien recursos existentes o bien utilizando directamente recursos hasta entonces inactivos.Plataformas digitales

A nivel colectivo las plataformas digitales han abierto posibilidades mercantiles a toda iniciativa empresarial más allá de los límites del mercado off line o del comercio local, introduciendo mejoras en los precios para acceder a determinados servicios, facilitando el acceso a nuevos tipos de servicios (alojamiento no hotelero, transporte compartido, nuevas formas de restauración, aprendizaje en línea, etc…) o abriendo nuevas vías y perspectivas de contribución fiscal más o menos aprovechas por parte de la administración pública.

¿Cual entonces debería ser el reto de la administración pública ante dicha irrupción?¿Deben las administraciones públicas cooperar o combatir a las plataformas digitales? 

Asumir un posicionamiento combativo requeriría una actitud continua de denuncia, protesta y reivindicación frente los males e injusticias que las plataformas supuestamente generan. Requeriría de una demonización constante asociándolas por ejemplo a la avaricia y el lucro despiadado al más viejo estilo de la Iglesia católica con los primeros comerciantes del siglo XI . Sin duda podría ser ésta una estrategia razonable a corto plazo, especialmente para transmitir una imagen de fortaleza ante la plaga de efectos negativos que se les atribuyen. La administración pública podría aparecer así como el protector -salvador- frente al terrible y gran enemigo -la plataforma digital- cuya capacidad de seducción serpentea alrededor del ciudadano, pobre, desvalido y estúpido, para engañarlo y que cometa el pecado del consumo digital.

El problema de esta estrategia es que los ciudadanos deben ser ciertamente desvalidos y francamente estúpidos porqué de lo contrario, a medio y largo plazo, fácilmente podrían llegar a la conclusión -con datos en la mano incluídos- que una política combativa, en contra de las plataformas sin más, se asemeja mucho a una mera política proteccionista conservadora de lo existente o incluso, en otras palabras, a una simple y tradicional estrategia favorecedora de los monopolios existentes. Igualmente con tiempo, los ciudadanos podrían llegar a considerar que con una política combativa se bloquea cualquier posibilidad de aprovechar las potencialidades de las plataformas digitales para impulsar una economía ciudadana.

Claro está que la tentación de permanecer inmóbil e ideológicamente puro es alta para quien no quiera ser acusado de hacer concesiones o quien no quiera asumir los riesgos que comporta cualquier innovación o cambio. Y es que sin duda es mucho más fácil ser antineoliberal o anti-lo-que-sea que tratar de buscar estrategias operativas e implementables a corto plazo para hacer frente a las crisis. Es más fácil, más confortable y, también -todo hay que decirlo- más conservador. 

Vetar, prohibir y aún menos demonizar puede que sea, por lo tanto un camino fácil y aparentemente efectivo a corto plazo, pero a largo plazo se muestra poco inteligente y sobretodo estéril, si de lo que se trata es de aportar valor público, objetivo fundamental por otro lado de una gestión pública democrática.

Si de acuerdo con Richard Sennet la ciudad es un cuerpo vivo en constante evolución, una gestión pública inteligente debe ser consciente del cambio y la transición continua que representa una ciudad, debe ser capaz de observar el pasado, el presente y el futuro, sin pretender cerrar modelos perfectos, puros, tratando con astucia y visión estratégica para que los actores que operan en la ciudad pueda contribuir a una Nada es perfectoeconomía ciudadana.

Y es que a una gestión pública democrática debe exigirséle asumir preguntas complejas y aportar respuestas simples pero no simplistas, así como orientar su acción a la implementación de resultados concretos y positivos para la economía ciudadana. Por ello, una gestión pública orientada a una economía ciudadana, creada por ella, gestionada por ella y orientada en sus efectos hacia ella, no puede limitarse a tratar de bloquear las complejidades de la vida urbana sino que debe facilitar que interactúen.

Una gestión pública inteligente debe ser capaz de aportar una visión estratégica capaz de superar el argumentario de la resistencia al cambio, debería contribuir a superar estigmatizaciones y tratar de aprovechar todo su potencial tanto para el bien individual como para el bien común como elementos indisociables, ser capaces de distinguir amenazas de oportunidades, minimizando las primeras y aprovechando tanto como sea posible las segundas.

Por ello lejos de una posición combativa una gestión pública democrática debería cooperar con las plataformas digitales, más si cabe en un contexto económico crítico con porcentajes elevadísimos de paro, dando por ejemplo todo tipo de apoyos y facilidades para que los ciudadanos puedan proverse de recursos materiales de subistencia mediante ellas.

De ser así, una gestión pública democrática estaría cumpliendo con su misión: facilitar que el mayor número posible de ciudadanos puedan disponer de recursos económicos básicos y necesarios que permitan su desarrollo personal y en consecuencia puedan contribuir al desarrollo colectivo.

Lejos de entorpecer, facilitar por lo tanto que cuantos más ciudadanos puedan participar económicamente de la ciudad mejor. Porqué cuanto más participen económicamente, más ciudadana será la economía de la ciudad. 

Roger Sunyer

Roger Sunyer es politólogo (UAB) y Máster en Dirección Pública (ESADE). Impulsó la introducción de la Banca Ética en Catalunya con la fundación de FETS - Finançament Ètic i Solidari. Es consultor de economía social, cooperativa, colaborativa y gestión pública, profesor de la "Nueva economía urbana" a los programas de Ciudad y Urbanismo de la UOC, autor del libroHacia una economía ciudadana y fundador y principal editor de Alambins. Lloc Web | Twitter: @rogersunyer

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